Defensora del Pueblo alerta sobre “agravamiento” de la salud en Colombia: medicamentos y servicios médicos, los más retrasados

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una dura carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la crisis del sector y advirtió que la situación podría empeorar en los próximos meses.

En la misiva, la funcionaria le recordó a Jaramillo que desde el 2010 el derecho a la salud es sobre el que más quejas presentan los ciudadanos ante su dependencia, pero que en los dos últimos años la situación se ha agravado.

“El crecimiento de las mismas se aceleró entre 2023 y 2024, y hemos observado que en lo corrido del 2025 se presenta un agravamiento en el acceso a los servicios que afecta a las personas”, afirmó Marín.

De acuerdo con el trabajo adelantado por las seccionales de la Defensoría del Pueblo, los hechos más complejos han tenido lugar en Bolívar, Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.

Hay cuatro escenarios que tienen en cuidados intensivos a la salud, según la entidad, que van desde el suministro de medicamentos hasta la agenda de servicios por parte de las Entidades Prestadoras de Salud.

Crítica radiografía del sistema de salud

En primer lugar, hay retrasos en la atención, “representados en la falta de oportunidad de programación de citas con especialistas, así como en la falta de acceso a servicios médicos esenciales”, según la defensora. Entre enero y marzo, se recibieron 2.040 quejas por este asunto, una cifra mayor a la reportada en el mismo período de 2022.

En cuanto a la oferta de medicamentos, se reiteró en la falta de disponibilidad, “representada en negaciones, entregas incompletas y falta de oportunidad que, solo entre enero y finales de febrero de 2025, aumentaron en un 30 % con respecto a 2024 y el 67 % con respecto tanto al 2023 como al 2022”, resaltó.

Otro dolor de cabeza es la falta de disponibilidad en los servicios derivados de cierres completos, algunos temporales y otros definitivos: “Según las cifras de la mesa de crisis de salud, estos ascenderían a 1.200 en 2024, mayoritariamente de IPS privadas que afectarían especialmente a regiones como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo mostró preocupación por el incumplimiento de las acciones de tutelas y desacatos. Solo en la capital del país y en Cundinamarca se registraron 452 tutelas y 141 desacatos. “Las tutelas por medicamentos y tecnologías médicas en el nivel nacional se habrían duplicado, comparadas con las cifras observadas en 2023”.

Frente a esta situación, Marín pidió una reunión urgente con el Ministerio de Salud para definir la ruta con la que se podría atender esta crisis y pidió información para “establecer con claridad la magnitud de la problemática”.